El tramité del Senado ha empeorado la reforma laboral

El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha manifestado que el trámite del Senado no sólo no ha corregido los aspectos lesivos de la reforma laboral impuesta por el Gobierno sino que los ha empeorado. En concreto, las limitaciones a la contratación temporal se debilitan; se abre la posibilidad de despedir a los trabajadores enfermos; y se crea un falso debate sobre la no aceptación de cursos de formación por parte de los desempleados, cuando el problema es la escasez de la oferta formativa y la falta de inversión en políticas activas de empleo. Ferrer, que ha realizado estas declaraciones esta mañana, en el programa “Protagonistas” de Punto Radio, ha recordado que en España cada trabajador de los Servicios Públicos de Empleo atiende a 189 parados, mientras la media europea se sitúa en un trabajador por cada 50 parados. Además, en nuestro país, con el doble de paro, se destina prácticamente lo mismo a estas políticas activas de empleo. Para Ferrer esta persecución al parado oculta que se “están buscando vías para reducir el gasto en desempleo“.

Algo similar ocurre en el caso del trabajador enfermo, se “está culpabilizando al trabajador y se está intentando ocultar que gran parte de las situaciones de incapacidad temporal tienen o pueden tener el origen en una mala organización del trabajo y en unas malas condiciones de trabajo”. Antes de la reforma laboral se tomaban en consideración parámetros del conjunto de la empresa (porque muchas veces los motivos de esa ausencia del trabajo provienen de una mala organización del trabajo o de unas malas condiciones laborales) y el indicador colectivo de los trabajadores que sufrían incapacidad temporal era del 5% del conjunto de trabajadores de la empresa. Con la reforma este indicador se bajó al 2,5% y ahora el Senado, a propuesta de los grupos conservadores, han quitado ese referente colectivo.

Ferrer ha reafirmado que “desde UGT siempre hemos planteado que hay que perseguir el fraude en todos los órdenes económicos y sociales” pero le parece “claramente injusto” que en lugar de perseguir el altísimo fraude fiscal de nuestro país, se centre la persecución en los más débiles, en los que están padeciendo la crisis.

Sobre las pensiones

El Secretario de Acción Sindical de UGT ha expresado, una vez más, el rechazo sindical a alargar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, porque, en nuestro país, la edad real de jubilación, que está por encima de los 63 años, es más elevada que la media de la UE y porque “estamos ante una medida que no está justificada por ninguna razón económica o social”. Es una medida únicamente para reducir el gasto, como lo es la propuesta de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, que supondría una reducción de las mismas, tal y como admite el propio Gobierno. En este sentido, Ferrer ha recordado que nuestro Sistema de Pensiones sigue teniendo una situación de superávit pese a la crisis y pese a la dramática caída del empleo y ha señalado que aunque hay problemas, hay que buscar otro tipo de soluciones. “Nosotros somos los primeros interesados, en garantizar el futuro del Sistema Público de Pensiones pero hay que buscar otras vías que no solamente sean recortar el gasto y, por lo tanto, reducir las pensiones o las expectativas de futuro”. En este sentido, propone subir las bases de cotización, “son muy bajas respecto a nuestros vecinos europeos”, y buscar otras fuentes de ingresos, vía impuestos como hacen en otros países.

Sobre la Reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos

Respecto a la reunión que tiene hoy el Presidente del Gobierno con los responsables del área económica, Ferrer ha afirmado que “nosotros vemos con mucha preocupación y estamos alertas y vigilantes para que los próximos PGE no supongan nuevos ajustes a costa de reducir derechos de los trabajadores y prestaciones. Está en grave riesgo el futuro de las prestaciones de las personas desempleadas”.

Por último, el Secretario de Acción Sindical de UGT ha manifestado que la huelga general del 29 de septiembre puede ser un elemento no solamente que impida los recortes sociales y laborales, sino que abra un proceso de rectificación, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones. “Siempre que ha habido una huelga general ha habido una rectificación por parte del Gobierno de turno o se ha abierto un proceso de negociación sobre nuevos derechos y nuevas prestaciones. Y eso es lo que esperamos y por eso hacemos un llamamiento al conjunto de la ciudadanía y al conjunto de los trabajadores y trabajadoras para que participen masivamente en la Huelga general del 29 de septiembre”.

”Nuestro mercado laboral se parecerá más al marroquí que al alemán” Entrevista a Josep M. Àlvarez a El País

Original a la web de El País




Si el secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez (Belmonte, Asturias, 1956) ha pisado este verano la playa ha sido para explicar las razones de la huelga general del 29 de septiembre. No son otras que la reforma laboral, que, a su juicio, profundiza en la precariedad en el empleo y entierra los retos de apostar por la formación y la calidad industrial. “Esta reforma no es europea”, denuncia.



Pregunta. Pero Europa y los organismos multilaterales la han aplaudido.



Respuesta. Y entonces, ¿por qué no la ponen en marcha Alemania y Francia? Ellos apuestan por un mercado laboral de gente cualificada, que produzca valor añadido y por una industria de I+D+i. Aquí lo primero que quitamos es la inversión en I+D+i, que es clave para no depender de los salarios. ¿Tendremos que hacer otra reforma dentro de tres años para incidir en los costes laborales y seguir siendo competitivos en el mercado internacional?

P. ¿Cuál será la incidencia de la reforma en el mercado laboral?



R. No se están resolviendo los problemas de fondo, el cambio de modelo productivo. Al contrario, estamos profundizando en estas deficiencias. Después de la reforma, el mercado laboral español se parecerá más al marroquí que al alemán. La reforma no introduce más calidad en la producción, ni más formación, sino que abarata los costes por la vía de reducir salarios. En los últimos meses la temporalidad ha aumentado. Si se reduce la dualidad entre fijos y temporales será porque hay más eventuales. El Liceo es el primer ejemplo de esta reforma: reestructuración sin diálogo.



P. ¿No han esperado demasiado para convocar la huelga?



R. La reforma se aprobó en junio y convocar una huelga en 15 días no es fácil si queremos que sea mayoritaria, masiva y razonada. Aprovecharemos julio y agosto para convocar el máximo de asambleas. El 29 de septiembre viviremos una huelga cívica y pacífica y, si lo logramos, la reforma se derogará.



P. ¿Tendrá tanta incidencia como para costarle el puesto al ministro, como en otras ocasiones?



R. El efecto de la huelga no sé si será el cese de la vicepresidenta del Gobierno [Elena Salgado] o echar atrás reformas que hay en el cajón como la de las pensiones y empezar un proceso de diálogo social. En todo caso, se abrirá un panorama positivo para los trabajadores.



P. Pero a los sindicatos cada vez les cuesta más arrastrar a los trabajadores a la huelga. Eso se vio en la de funcionarios.



R. Arrastrar a la gente en esta situación no es fácil. La gente tiene miedo y hay que darle cobertura para que no deje que hacer huelga por eso. Pero no hemos de valorar las convocatorias solo con los datos de participación, sino con lo que vemos en la calle.



P. Cataluña es la comunidad que más empleos fijos ha destruido. Tras la crisis, ¿el mercado laboral será aún más precario?



R. Cataluña había tenido la temporalidad más baja por el tipo de producto que hacemos. La industria de una cierta calidad necesita estabilidad y formación. Si no recuperamos esa actividad, el mercado de trabajo se irá degradando.



P. El presidente José Montilla dio entrada a los partidos la oposición en el Acuerdo Estratégico por la Competitividad. ¿Cómo ha ido?



R. El acuerdo está en un punto muerto, pero no más allá del punto en el que se halla la política catalana. En periodo electoral, un acuerdo así queda aparcado esperando un nuevo impulso político del Gobierno que salga de los comicios. El último intento de situarlo en el centro del debate político era voluntarioso pero de difícil eficacia.



P. ¿Seguirá la política pactista de los sindicatos de los últimos años si cambia el Gobierno?



R. Veremos qué pasa, quién gobierna, pero el acuerdo estratégico es un buen instrumento, que debe perdurar poniendo más énfasis tal vez en unas medidas más que otras. Hay que esperar a ver quién gobierna y qué políticas quiere desarrollar.

La reforma laboral da respuesta a los grupos conservadores y amplía el poder empresarial

Para UGT y CCOO el texto final del proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, que ha debatido hoy la Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado, es producto de las negociaciones del Gobierno con los grupos más conservadores de la cámara, recorta los derechos de los trabajadores, facilitando, abaratando y agilizando los despidos, y amplía el poder empresarial. Los sindicatos consideran que el texto de este proyecto de ley significa el mayor ataque a los derechos laborales en los últimos 30 años y constata la sumisión del Gobierno a los poderes económicos. Este atropello social hace más necesaria si cabe la Huelga General convocada para el próximo 29 de septiembre, cuyo principal objetivo debe ser parar esta reforma.

Al igual que ocurrió en julio en el Congreso de los Diputados, la votación definitiva en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado sobre el proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo se ha hecho sobre un texto que empeora el proyecto de Ley, porque se avanza en la desregulación de derechos laborales, propicia un despido más fácil, rápido y barato y aumenta el poder empresarial.

En el plazo de presentación de enmiendas del Senado, que terminó el 12 de agosto, la mayoría de los partidos han mantenido las modificaciones que propusieron en el Congreso de los Diputados, y que allí no salieron adelante. Por su parte ERC e ICV han presentado sendas propuestas de veto, que han sido finalmente rechazadas.

CCOO y UGT consideran, por tanto, que el texto de la reforma que ha debatido el Senado es producto de las negociaciones del Gobierno con los grupos más conservadores de la cámara y sigue significando el mayor ataque a los derechos laborales en los últimos 30 años. Denota además, la sumisión del Gobierno a los poderes económicos.

El texto del Senado, en línea con lo aprobado por el Congreso, facilita a las empresas la extinción del contrato por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, haciendo el despido más fácil, rápido y barato; no aborda la lucha contra la excesiva temporalidad de nuestro mercado de trabajo, hace más vulnerable el empleo fijo; y dota de mayor poder discrecional al empresario en perjuicio de la negociación colectiva, derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución como instrumento de ordenación de las relaciones laborales.

Se avala también la legalización de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro, atribuyéndolas competencias propias de los Servicios Públicos de Empleo y, en lugar de incentivar y reconducir las políticas activas de empleo, prevalece la política de la sanción y la infracción a las personas desempleadas, al reducirse el periodo que tienen para rechazar ofertas, de 100 a 30 días.

Por tanto, esta reforma a la carta de las posiciones más neoliberales, ahonda en la desregulación laboral, apuesta por una competitividad basada en la reducción de los costes empresariales a costa de los derechos de los trabajadores y no ayuda al necesario cambio de nuestro modelo productivo, imprescindible para enfrentar los problemas reales de la economía y del empleo. Un modelo productivo que impulse el empleo de calidad, la formación y la innovación.

En definitiva, lo aprobado hoy por el Senado con el voto favorable del PSOE, Entesa Catalana de Progrès y Grupo Mixto, la abstención de CiU y PNV y el rechazo del PP, hace más necesaria que nunca la Huelga General del 29 de septiembre, convocada por UGT y CCOO. Hay que parar esta reforma laboral, que supone una regresión de los derechos laborales y sociales y, además, entorpecerá la recuperación económica y la creación de empleo.

Primeros despidos de la reforma

Las empresas empiezan a prescindir de sus empleados con indemnizaciones de 20 días por año y a retirar expedientes de regulación para presentar otros

Más vale pájaro en mano que ciento volando. Así deben pensar algunas empresas que,  antes de que la tramitación parlamentaria de la reforma laboral haya concluido, se han puesto manos a la obra

y han tirado del texto del real decreto que está en vigor desde el pasado 18 de junio para despedir a sus empleados de manera más barata o para presentar expedientes de regulación de empleo (ERE) conforme a la nueva normativa, que resulta más favorable a sus intereses. Aunque se prevé que el texto definitivo sea aprobado el próximo 9 de septiembre, las fichas han comenzado a moverse en plenas vacaciones y, según todas las previsiones, a la vuelta del verano caerán muchas más.
Las multinacionales United Parcel Service (UPS) y Vaillant Group son los primeros ejemplos de lo que anticipa la reforma. La empresa americana de transporte urgente estaba tramitando el tercer ERE que afectaba a los trabajadores de su planta madrileña de Vallecas, cuando se aprobó el decreto que facilita el despido objetivo que se indemniza con 20 días por año trabajado, en lugar de los 45 habituales. Como los dos expedientes anteriores habían sido rechazados por las autoridades laborales (primero por el Ministerio de Trabajo y luego por la Comunidad de Madrid) y el tercero recurría en su justificación a las mismas causas desestimadas, la dirección de UPS ha pedido a la autoridad laboral su retirada y ha optado por despedir a 18 de los 94 empleados del centro de trabajo haciendo uso del despido objetivo cinco días después, el último viernes de julio y el primero de agosto.

Por su parte, la compañía alemana del sector de calefacciones Vaillant Group, propietaria de Saunier Duval, presentó esta primavera un ERE que preveía el despido de 80 trabajadores de los 118 con que cuenta su fábrica de Vitoria; expediente que ha retirado al aprobarse la reforma laboral para presentar otro que incluye 75 despidos, alegando las mismas causas que en el anterior, según informan los representantes sindicales de Saunier Duval.

Pese a que la rapidez de actuación de UPS, Saunier Duval y algunas otras compañías no sea la más normal porque, según la abogada laboralista de Cuatrecasas María Eugenia Guzmán, "en general, las empresas prefieren seguridad jurídica a sacar ventaja a la reforma y, por ello, están posponiendo sus decisiones a septiembre, hasta ver la redacción definitiva de la ley"; lo cierto es que los despachos de abogados consultados tramitan ERE que sustituyan a los presentados recientemente con la normativa anterior y, sobre todo, están recurriendo más al despido objetivo.

Para el socio de Baker & McKenzie David Díaz, "la incidencia de la reforma laboral por ahora es limitada. Pero es verdad que ya se han retirado algunos ERE que estaban en tramitación para presentar otros con la nueva legislación con la esperanza de que se los aprueben en condiciones más ventajosas. En cualquier caso, donde realmente estamos notando más cambios es en los despidos objetivos individuales, que han aumentado más de un 20% desde que se aprobó la reforma, porque antes las empresas no se atrevían a utilizarlos".A su juicio, el proceso no ha hecho más que empezar. "Las compañías usarán mucho más esta vía y querrán hacerla valer en los juzgados de lo social, hasta ahora más proclives en sus resoluciones al empleado. Los trabajadores también intentarán conseguir las mayores indemnizaciones posibles, más aún en un momento de desempleo como el actual. Con lo que el volumen de pleitos crecerá. La consecuencia clarísima de la reforma va a ser la judicialización del despido", agrega Díaz. Eduardo Alemany, responsable del departamento laboral de Ernst & Young Abogados, es de la misma opinión. "Los ERE se habían paralizado antes de la reforma laboral. En septiembre se van a presentar muchos. Sobre todo de pequeñas y medianas empresas, para quienes pasar de una indemnización de 30 a 20 días por año supone un coste importante". Para Alemany, la reforma laboral servirá para sensibilizar a los jueces para que miren con mejores ojos el despido objetivo.

Las centrales sindicales, más que denunciar este tipo de casos, prefieren quejarse de la incidencia que la reforma laboral está teniendo en el apartado de la negociación colectiva y la modificación de las condiciones de trabajo. Según CC OO, "la ley aprobada abre la puerta a la modificación del tiempo de trabajo, lo que conlleva que la distribución de la jornada pactada en convenio podrá ser modificada en cualquier empresa con acuerdo de la representación legal de los trabajadores o por laudo arbitral". Respecto al descuelgue salarial, la reforma laboral amplía las causas justificativas, permitiéndolo por el hecho incierto e indeterminado de que 'las perspectivas económicas de la empresa pudieran verse dañadas o sus beneficios reducidos', algo que sirve en bandeja a los empresarios la posibilidad de incumplir el convenio".

CC OO advierte además de que la negociación colectiva va muy retrasada este año. En los siete primeros meses de 2010 se han registrado en el Ministerio de Trabajo 1.775 convenios colectivos, frente a los 3.401 del mismo periodo del año anterior.

Y desde el departamento que dirige Celestino Corbacho se dice que todavía es pronto para medir el impacto de la reforma laboral, que se producirá a medio y largo plazo. Sin duda.

Pero empieza a dejar los primeros cadáveres a su paso.

 
 
-REPORTAJE: Carreras & capital humano
CARMEN SÁNCHEZ-SILVA 22/08/2010

Lo que debería hacerse para salir de la crisis y que no se hace

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 16 de agosto de 2010




Este artículo critica las políticas de austeridad que se están implementando en los países de la eurozona que retrasarán la recuperación económica. Lo que debería hacerse es precisamente el acentuamiento de políticas de estímulo económico con expansión del gasto público y creación de empleo. Tales políticas de estímulo, realizadas fuera de la eurozona, son responsables del crecimiento de las economías exportadoras alemana y francesa (junto con la bajada del euro), crecimiento que, al no basarse en el crecimiento de la demanda doméstica, tendrá escaso impacto en la recuperación económica.



Suponga que usted estuviera a cargo de la política económica de un país que está en una profunda recesión, es decir, que la economía estuviese de capa caída, no creciese (o si lo hiciese , fuese muy, muy lentamente). ¿Qué es lo que usted debería hacer? Y la respuesta, basada en la experiencia de todas las recesiones anteriores (las habidas en el siglo XX) es fácil de conocer. Usted aumentaría lo más rápidamente posible el gasto público, invirtiéndolo para que produjese empleo y con ello hubiera más personas trabajando, recibiendo salarios, consumiendo productos y servicios y estimulando la economía. También, en caso de que tuviera un Banco Central a su disposición, imprimiría mucho dinero para que los empresarios y los ciudadanos del país pudiesen tener fácil acceso a tal dinero, por lo que debería abaratar su coste, y bajar los intereses de este dinero. Este dinero se traduciría en inversiones y consumo, que es lo que usted desea para estimular la economía. (Para una exposición detallada de las medidas que debieran tomarse ver mis artículos: El error de la austeridad. PÚBLICO, 12.05.10; Otras políticas públicas son posibles y necesarias. SISTEMA DIGITAL, 29.07.10; Alternativas a la austeridad fiscal en España. Center for economic and policy research de Washington, Julio 2010).Estas son las medidas que se enseñan en los libros de texto de Políticas Públicas, primer curso. Pues bien, la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) están imponiendo a los países de la UE, políticas opuestas y contrarias a las que he indicado. En realidad están haciendo todo lo contrario. Como resultado de las presiones procedentes de tales instituciones, estos países están desarrollando políticas de austeridad en el gasto público. España e Italia están reduciendo su gasto público en 15.000 millones y 25.000 millones de euros respectivamente. Portugal está recortando su presupuesto de una manera drástica para reducir el déficit del Estado y alcanzar el famoso 3% del PIB en 2013, reduciéndolo 6 puntos del PIB en tres años (España lo está reduciendo incluso más, 7 puntos en 3 años). En Alemania, la canciller Merkel se ha comprometido a alcanzar el equilibrio presupuestario (es decir, déficit cero) en el año 2016, reduciendo el gasto público 10.000 millones por año, cada año hasta entonces. En Francia, el Presidente Sarkozy piensa reducir el gasto público siguiendo el ejemplo alemán para alcanzar un déficit cero, reduciendo el déficit del estado ocho puntos en el mismo periodo, y así país tras país en la UE. Y por si ello no fuera suficiente, el FMI ha recomendado al Banco Central Europeo (que es el único banco en al UE que puede imprimir dinero) que reduzca la producción de moneda y que aumente los intereses bancarios a finales de 2010. Y todo ello está ocurriendo en un periodo en que las economías de la Eurozona están en la mayor recesión que han tenido en los últimos cincuenta años (y la inflación es la más baja desde el año 1953).

Estas políticas son profundamente erróneas y suponen una nota de suicidio económico. Están dañando enormemente a las clases populares de aquellos países. Y se están justificando con una serie de argumentos que no tienen ninguna validez científica. Se está diciendo, por ejemplo, que todas estas políticas son necesarias para no dejar una enorme deuda a nuestros hijos y nietos, ignorando que el efecto de esta austeridad tendrá un efecto muy negativo sobre el nivel de vida de nuestros hijos y nietos, pues, consecuencia de tales políticas, el PIB que recibirán será mucho menor que el que hubieran recibido si no se hubiera ralentizado el crecimiento económico como resultado del descenso del estímulo económico, consecuencia del recorte del gasto público. Las políticas de austeridad están causando una reducción de la tasa de crecimiento económico, con lo cual, el tamaño de la tarta, es decir, del PIB, que hereden nuestros hijos y nietos será mucho menor.

Otro argumento que se utiliza en la ideología neoliberal que domina los establishments políticos y mediáticos de la UE (incluyendo España) es que hay que “recuperar la confianza de los mercados”, eslogan que se utiliza para subrayar la importancia y necesidad de anteponer los intereses y beneficios bancarios (“de los inversores” se dice) por encima de todo. La situación paradójica es que las propias agencias de valoración de los bonos del estado (muy próximas a los bancos) están indicando que el mayor problema que perciben en los países como España, es “la fragilidad de sus economías”, que es la manera amable de indicar que tales economías no crecen. Así, en el informe de la Agencia Moody donde se habla de revisar la calificación sobre la deuda soberana de España, para bajarla de categoría se lee que la causa de esta decisión es “la débil perspectiva de crecimiento de su frágil economía”. Los economistas neoliberales (que siempre cuentan con enormes cajas de resonancia en los medios de información y persuasión españoles) también utilizan, para justificar tal austeridad, el argumento de que los elevados déficits y la elevada deuda absorben dinero que debiera estar disponible para el mundo empresarial para que invirtiera. Tal argumento ignora que la falta de inversiones se debe precisamente a la escasa demanda creada, resultado de la reducción de los salarios y del gasto público, medidas que ellos están proponiendo. Y así un largo etcétera.

La pregunta que el lector se hará es ¿por qué si estas políticas son tan dañinas, se están llevando a cabo, incluso por gobiernos (como el español) que en periodos de pre-crisis han mostrado tener sensibilidad social y receptividad a los deseos de las clases populares? Y una parte de la respuesta es que la mayoría de gobiernos en la UE son de derechas. Y están aprovechando la crisis para conseguir lo que han deseado durante muchos años, es decir, reducir y/o eliminar el estado del bienestar y bajar los salarios. Y otra parte de la respuesta es el enorme poder del capital financiero -la banca-, que es el mayor beneficiario de estas políticas y tiene un enorme poder político y mediático. No son “los mercados financieros”, sino la banca la que está detrás de todas estas políticas de austeridad, y que son los que promueven el dogma –el dogma neoliberal- que se impone.

En España, la influencia de la banca en los equipos económicos de los gobiernos (sean conservadores o socialistas) ha sido enorme, siendo el Banco de España (cuyo gobernador ultraliberal fue nombrado por el gobierno socialista) el mayor portavoz de tal poder fáctico -la banca-. Véanse las similitudes entre las propuestas del BBVA y las del Banco de España. Sus recetas son: mayor facilidad de despido, menores salarios, menor protección social, menor gasto público social, mayor bajada de impuestos y no subida para las rentas superiores (manteniendo la regresividad fiscal que caracteriza el sistema impositivo español, responsable, en gran parte, de que seamos el país de la UE-15 con mayores desigualdades sociales). Es predecible que las derechas apoyen tales políticas. Y el PP y CIU estén ahí esperando poder llevarlas a cabo lo más pronto posible. Pero, ha sido un gran error de los partidos gobernantes de centro izquierda el seguir tales políticas, que han desmoralizado y desmovilizado a sus bases electorales. País tras país, en la UE, se ha visto un enorme crecimiento de la abstención de aquellas bases en los procesos electorales que han determinado el enorme descenso del apoyo electoral a aquellas opciones de centroizquierda, que me temo ocurrirá también en las próximas elecciones legislativas en España, a no ser que se reviertan tales políticas.

VAGA GENERAL 29 DE SETEMBRE